En el corazón del Atlántico, las Islas Canarias enfrentan una de las crisis hídricas y ambientales más silenciadas pero urgentes del territorio español. A pesar de ser una región con recursos limitados, biodiversidad única y ecosistemas marinos altamente sensibles, cada día se vierten al mar decenas de miles de metros cúbicos de aguas residuales sin tratar. En Gran Canaria, por ejemplo, el sistema de desagüe sobre la PMVE descarga alrededor de 80.000 m³ diarios directamente al mar.
Según datos del Gobierno de Canarias (C.O.V. 2021), el 72 % de los vertidos en el archipiélago no están autorizados. En islas como Lanzarote, más del 57 % incumplen la normativa, siendo Arrecife y Teguise los municipios más afectados. La infraestructura actual está completamente sobrepasada: muchas redes de saneamiento superan los 35 años de antigüedad, con pérdidas en la distribución que alcanzan el 54 %, una cifra que podría escalar al 65 % en los próximos años.
Un ecosistema en riesgo: los sebadales y la biodiversidad marina
Las aguas canarias, naturalmente oligotróficas, son especialmente vulnerables. En este contexto, incluso una contaminación “ligera” tiene consecuencias devastadoras. Las praderas submarinas de seba, auténticos pulmones marinos, albergan más de 40 especies que se reproducen en ellas, muchas de interés pesquero. Pero su baja diversidad genética las hace altamente sensibles y con poca capacidad de recuperación ante el más mínimo cambio. El caso del nuevo puerto de Tenerife, cuyas praderas no se han recuperado desde 2023, es una advertencia clara.
A esto se suman contaminantes emergentes como microplásticos y nanoplásticos, que ya se encuentran en más del 78 % de las bogas analizadas, así como en cangrejos y erizos. Estos microplásticos, en su mayoría provenientes de fibras sintéticas de ropa lavada, no solo contaminan, son vectores de otros contaminantes más peligrosos: hidrocarburos, DDTs, PCBs, bacterias y patógenos.
¿Y las desaladoras? Un arma de doble filo
La desalación es una fuente vital de agua potable en el archipiélago, pero no está exenta de impacto. Por cada litro de agua dulce producido, se genera otro litro de salmuera, un residuo muy salado y cargado de químicos que, al verterse al mar, causa graves daños ecológicos, especialmente en ecosistemas frágiles como los sebadales.
El problema se agrava por la falta de control: muchas desaladoras privadas, especialmente en hoteles, no declaran su producción ni sus vertidos. Algunas incluso descargan en redes públicas sin pagar. A diferencia de otras regiones como Baleares, Canarias no tiene una ley ambiental específica para regular estas instalaciones, lo que deja un vacío legal y ambiental preocupante.
¿Cómo revertimos esta situación?
El reto no es solo técnico: es ético, ambiental y generacional. En un territorio tan frágil y valioso como Canarias, no podemos permitirnos seguir mirando hacia otro lado. Lo que vertemos al mar hoy, por acción o por omisión, acaba afectando directamente a nuestra salud, a nuestras costas, a la vida marina y a la economía local que depende de ella.
Creemos que es momento de repensarlo todo: cómo producimos el agua, cómo la usamos y qué hacemos con ella después. Apostar por soluciones más justas, circulares y transparentes no es solo una opción técnica, es un compromiso con las generaciones que vienen.
No se trata solo de cambiar sistemas. Se trata de cuidar lo que somos. Y eso empieza por el agua.
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